La Junta de Revisión de Accidentes de la Flota del Departamento de Policía de Albuquerque, compuesta por cuatro agentes y un civil, ha determinado que el accidente del Jefe de Policía Harold Medina el 17 de febrero fue "no evitable", una decisión que suscitó el escrutinio de los concejales de la ciudad durante una reciente reunión del consejo. Medina se vio implicado en una colisión tras saltarse un semáforo en rojo en su furgoneta sin distintivos mientras respondía a un tiroteo en las inmediaciones. A pesar de que Medina afirmó que estaba evitando un tiroteo y que actuó en interés de la seguridad, las imágenes de vigilancia contradicen su versión y revelan una conducción temeraria que causó lesiones graves al conductor del otro vehículo, Todd Perchert. Perchert sufrió lesiones importantes, incluidos huesos rotos y laceraciones, y estuvo hospitalizado casi una semana.
Las críticas a la gestión del incidente por parte de Medina han ido más allá del accidente en sí, y se han planteado cuestiones sobre su toma de decisiones, como que su esposa viajara en el vehículo, que no activara el equipo de emergencia y que no encendiera rápidamente su cámara corporal. Los esfuerzos del ayuntamiento por llevar a cabo una investigación independiente han encontrado oposición, lo que ha puesto de manifiesto la preocupación por los posibles sesgos en los procesos de revisión internos. A pesar de los llamamientos en favor de una mayor transparencia y responsabilidad, incluidas las preguntas del abogado de Perchert, el alcance total de las repercusiones del incidente sigue siendo incierto a la espera de las investigaciones internas en curso y las posibles investigaciones externas.
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James Tawney es un dedicado defensor de las víctimas de lesiones en todo el suroeste. Nacido y criado en Arizona, se graduó summa cum laude en la Universidad del Norte de Arizona antes de obtener su título de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad Tecnológica de Texas. En 2016, James cofundó Tawney, Acosta & Chaparro P.C., donde sigue centrándose en la protección de los derechos de las personas y familias perjudicadas por negligencia.
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